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Ley Concursal

Ley Concursal

La Ley Concursal es una ley aprobada por las Cortes Generales de España y que entró en vigor en Septiembre de 2004. Consiste, a grandes rasgos, en el conjunto de normas sustantivas y procesales que regulan el procedimiento concursal.

El procedimiento concursal surge con la idea de encontrar una solución a los problemas de insolvencia, tanto de personas físicas como de personas jurídicas. La situación de insolvencia se produce cuando una persona (física o jurídica) se ve incapacitada para hacer frente a sus deudas, ya sea porque no dispone de liquidez (pero si de activos suficientes) o porque directamente el pasivo supera al activo.

 

Procedimientos de la Ley Concursal

El objetivo principal de la Ley Concursal es crear y dotar de las herramientas y procedimientos necesarios para establecer un acuerdo entre acreedores y deudor. Estas herramientas consisten en el convenio y la liquidación forzosa de los activos.

Durante años, la mayoría de procedimientos que se abrían mediante la Ley Concursal se centraban en las personas jurídicas. Es un procedimiento dotado de mayor efectividad porque, en su última instancia, pretende la liquidación de la personalidad jurídica. Permitía cerrar las empresas y liquidar sus deudas.

El problema surge cuando llega la crisis y las situaciones de insolvencia de personas físicas se agudizan y reproducen. La Ley Concursal se centraba principalmente en el concurso de acreedores de personas jurídicas, lo que suponía que las personas físicas se quedaban prácticamente sin alternativas. Sólo les quedaba la negociación directa con las entidades financieras, algo que, como sabemos, es difícil por la posición de los bancos en cualquier negociación.

 

La Ley de la Segunda Oportunidad

Ante esta situación, se buscó dar una solución para las personas físicas que se encontraban en situación de insolvencia. Se promulgó la Ley de la Segunda Oportunidad, que entró en vigor el año 2015.

La Ley de la Segunda Oportunidad surgió con el objetivo de dar una segunda oportunidad para aquellos deudores de buena fe personas físicas que se encuentren en situación de insolvencia.

Este mecanismo de segunda oportunidad ha sido ideado para que profesionales particulares, autónomos y trabajadores por cuenta ajena puedan liberarse de las deudas, ofreciendo mecanismos de pago a largo plazo. La Ley de la Segunda Oportunidad permite liberarte de tus deudas, llegándolas a cancelar si es imposible pagarlas.

La Ley de Segunda Oportunidad tiene un proceso perfectamente definido. Tras el asesoramiento y definición, junto con el deudor, de las medidas a tomar, se empieza a negociar con las entidades financieras. Numerosas sentencias de toda España, incluido del Tribunal Supremo, abalan la efectividad de la Ley, así que se dan casos donde los bancos prefieren ceder antes de llegar a los tribunales.

Se puede llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos, cuyo objetivo es llegar a un acuerdo de pago que se ajuste a la situación de insolvencia del particular.

Este acuerdo extrajudicial permitirá liberar y extinguir las deudas. Puede hacerse desde la cancelación de todas las deudas en caso de insolvencia total, hasta un plan de pagos mensual asumible para el deudor durante un máximo de 5 años junto con el perdón total de la deuda restante al acabar dicho plazo.

 


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Name: Jaime

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